América Latina: mejoras en el entorno regulatorio de pesticidas

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Por Christina Xie, editora de AgroPages

 

América Latina, un importante mercado de pesticidas en el mundo, no se ha recuperado completamente de la desaceleración de los últimos años, pero su entorno regulatorio, las políticas y las regulaciones para pesticidas están experimentando cambios significativos, especialmente en Brasil. 
 

Durante muchos años, Brasil ha sido un verdadero campo de batalla para las compañías de agroquímicos por la dificultad para registrar pesticidas en el país. En Brasil, hay tres agencias reguladoras que, en conjunto, son responsables del registro y la aprobación de los pesticidas, pero la larga espera requerida para registrar los productos viene siendo objeto de críticas, principalmente porque puede dificultar el lanzamiento de nuevos productos y afectar aún más al desarrollo de la agricultura. Sin embargo, con el cambio de Gobierno y la próxima introducción de una nueva ley de pesticidas, se espera que la industria brasileña de este sector inicie una nueva etapa de desarrollo bajo la influencia de una serie de políticas favorables.
 

En este artículo, revisamos los eventos normativos referentes al pasado año con respecto a los productos y las tendencias de las políticas en varios mercados importantes de pesticidas en América Latina, e invitamos al Sindicato Nacional de la Industria de Productos para la Defensa Vegetal de Brasil (Sindiveg) a comentar la nueva ley de pesticidas en este país. También exponemos otros puntos de vista, incluyendo el del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina, el Senasa.

 

 

El glifosato, el herbicida más vendido del mundo, se ha visto afectado por noticias negativas a su respecto a lo largo de los años. Básicamente, hay dos aspectos polémicos: el problema de la resistencia de las malezas y sus posibles propiedades cancerígenas. Tras la adquisición de Monsanto por parte de Bayer, se presentaron miles de demandas judiciales en Estados Unidos relacionadas con el hecho de que el glifosato causa cáncer, lo que suscitó inquietud en muchos países, que están buscando investigar más a fondo o incluso considerando prohibir el producto.
 

En agosto pasado, la jueza federal Luciana Raquel Tolentino de Moura, del 7.º Tribunal Federal Regional de la ciudad de Brasilia (capital de Brasil), suspendió el uso de productos que contienen glifosato hasta que el Gobierno reevaluase su toxicología. El fallo causó un gran revuelo en el sector, y al poco tiempo los agricultores y afines pidieron que la decisión fuera rescindida. Un mes después de la sentencia, el Tribunal Federal de la 1.ª Región de Brasilia (TRF1) anuló la suspensión del glifosato. De acuerdo con la decisión del juez federal Kássio Marques, vicepresidente del tribunal (ocupa la presidencia interina del TRF1), «no hay justificación para suspender los registros de glifosato tan [...] bruscamente, sin analizar los graves impactos que tal medida puede causar a la economía del país y a la población en general».
 

En febrero pasado, se avanzó más en este caso, ya que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) concluyó que no hay evidencia científica que indique que el glifosato es cancerígeno o que respalde su prohibición en Brasil, lo que definitivamente fue una buena noticia para la comunidad agrícola. Sin embargo, la Anvisa propuso algunas restricciones en el uso de glifosato para aumentar la seguridad de los operadores.
 

La tormenta sobre el glifosato en Brasil se ha calmado temporalmente, pero la oposición al glifosato en Costa Rica, por ejemplo, otro país latinoamericano, todavía está en plena fermentación. El glifosato se ha prohibido en 21 municipios, junto con la National Technical University, ya que un tribunal dictaminó que existía un vínculo entre el herbicida y un cáncer terminal que afectaba a los jardineros de California. Tres ministerios, incluido el Ministerio de Sanidad, están revisando si deben continuar permitiendo su uso.

 

 

Otro herbicida objeto de controversia en Brasil es el 2,4-D. En Río Grande del Sur, la región vitivinícola más grande del país, se viene investigando este producto desde 2015 para conocer a fondo los efectos de su deriva y actualmente corre el riesgo de ser prohibido.
 

Según datos oficiales del Gobierno, la deriva del 2,4-D ha dañado 68 propiedades en 19 municipios de la región. Hasta enero del presente año, no se había llegado a un consenso sobre la prohibición del producto entre el Gobierno y las partes interesadas.  Por ello, el secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Covatti Filho, solicitó la formación de un grupo de trabajo para el gobernador de Río Grande del Sur, Eduardo Leite. Filho dijo que la intención de crear este grupo era compartir ideas para emprender acciones que pudieran resolver el problema de la deriva del 2,4-D.
 

En mayo, la Anvisa concluyó la reevaluación del 2,4-D y decidió mantener sus aprobaciones. La agencia dijo que el análisis de los estudios científicos y los datos habían indicado que el 2,4-D no es perjudicial para los consumidores. Sin embargo, impondrá medidas restrictivas en su aplicación en los cultivos, como la revisión de todos los límites de residuos existentes, la definición de un límite de exposición para el trabajador rural, el uso obligatorio de equipos de protección individual y una alteración en la formulación que minimice el riesgo de dispersión del producto fuera del cultivo.

 

 

El proceso de registro de pesticidas en Brasil es complicado y siempre requiere una larga espera, por lo que ha sido fuertemente criticado por la industria. Sin embargo, el entorno del mercado de agroquímicos en Brasil parece haber mejorado un poco de un tiempo a esta parte. En 2018, se aprobaron 450 registros de productos pesticidas —un récord en los últimos 13 años—, de los cuales al menos 52 son biopesticidas, lo que supone un aumento del 30 % en comparación con 2017. Según Bruno Gentleman Breitenbach, jefe de la División de Registro de Productos Formulados de la Secretaría de Defensa Agrícola, «el registro de productos menos tóxicos es el resultado de la política del Gobierno federal de priorizar el análisis de los procesos de registro de estos productos». También dijo que actualmente hay una mayor demanda por parte de los agricultores brasileños de alternativas menos agresivas para el medioambiente y el consumidor.
 

Los tres organismos responsables del registro de productos agroquímicos en Brasil, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa), el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), firmaron un acuerdo de cooperación técnica para el desarrollo del Sistema Integrado de Agroquímicos (SIA). El objetivo de esta unificación es acortar los plazos de registro para nuevos ingredientes activos o productos genéricos posteriores a la patente.
 

Además, se espera que una nueva ley de pesticidas entre en vigencia este año. Según el congresista Luiz Hiloshi Nishimori —que también es el nuevo relator de la ley de pesticidas—, la actual ley, promulgada hace 30 años, parece estar bastante desactualizada y necesita adaptarse a los desarrollos actuales en la industria de pesticidas en Brasil. Teniendo en cuenta que Brasil es un gran exportador de productos agrícolas y los agricultores necesitan más productos novedosos y nuevas soluciones para salvaguardar la calidad de los alimentos, el Gobierno brasileño emitió un nuevo proyecto de ley de pesticidas (PL 6299/2002), que fue aprobado por un comité especial encabezado por Tereza Cristina. La comunicación efectiva entre los congresistas y el presidente de Brasil permitió que el nuevo proyecto de ley se presentase al Congreso. Tras la aprobación del Congreso, deve enviarse al Senado y, finalmente, se hará efectivo cuando esté debidamente firmado por el presidente. Nishimori confía en obtener la aprobación este mismo año. Después de que la nueva ley de pesticidas entre en vigencia, el tiempo de espera para los procesos de registro debe reducirse de forma significativa.
 

El Sindicato Nacional de la Industria de Productos para la Defensa Vegetal, el Sindiveg, señala que el sector de pesticidas está a favor del nuevo proyecto de ley, que apunta a modernizar la legislación que regula la producción y comercialización de pesticidas en Brasil. El proyecto de ley no facilita el registro de estos productos, pero incluye criterios objetivos para la evaluación, además de respetar las metodologías científicas que garantizan la competitividad de la agricultura brasileña sin olvidarse de la seguridad de los productos. A su vez, también refuerza el compromiso del Gobierno con la transparencia y la adopción de las mejores prácticas regulatorias.
 

Esta modernización aporta avances a la agricultura brasileña, ya que el texto de la nueva ley incluye dos aspectos importantes:
 

Por un lado, la implementación de la evaluación de riesgos, que corresponde a un conjunto de procedimientos que permiten evaluar en profundidad e identificar los posibles efectos que el uso de pesticidas puede causar, siempre con enfoque en la seguridad de quienes aplican el producto, en la salud del consumidor de alimentos y en la preservación del medioambiente. Es una herramienta científica para sistematizar la información disponible para la toma de decisiones y dirigir la forma de administrar y regular mejor el producto. Precisamente a partir de estos datos, el organismo de registro puede determinar lo que es aceptable o no. La evaluación de riesgos, en la práctica, es un complemento de la valoración del peligro, técnica actualmente utilizada, que evalúa las características de cada sustancia, sin tener en cuenta sus condiciones de uso.
 

Por otro lado, la prorrogación propuesta del plazo de aprobación del registro del producto hasta dos años (actualmente, la ley establece 120 días, pero tarda, en promedio, 8 años). Eso es lo que suele tardar el proceso en otros países, como en Estados Unidos y Australia, donde la agricultura es también una de las actividades económicas más importantes.
 

Es esencial señalar que apoyamos que se mantengan las competencias del Ministerio de Agricultura, la Anvisa y el Ibama, las cuales permanecieron en la última versión del proyecto de ley aprobado por el comité especial. En la propuesta, las tres agencias continúan evaluando las eficiencias agronómicas y los aspectos relacionados con la salud y el medioambiente, de acuerdo con sus atribuciones y capacidades específicas. Sin la aprobación de la Anvisa o el Ibama, el registro no se concede.
 

La actualización de la ley proporcionará más tecnología al campo, lo que permitirá más innovación, eficiencia e inversión en la producción agrícola y garantizará más alimentos de calidad en la mesa brasileña.

 

 

En abril, la Anvisa anunció que planea comenzar un proceso para revisar la lista de ingredientes activos en pesticidas autorizados en todo el país y excluir 34 sustancias que ya se consideran obsoletas, entre ellas, azociclotina, bromopropilato, edifenfos, oxasulfurón y sulfonato. Esta es la primera vez, desde 2005, que la Anvisa planea revisar la lista de monografías basándose en estos criterios.
 

En Argentina, a finales del año pasado, el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Ricardo Negri, firmó la Resolución 263/2018, que prohíbe el procesamiento, la importación y el fraccionamiento de los ingredientes activos carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol, así como sus productos formulados. El propósito de la prohibición es maximizar las medidas de precaución para evitar la producción, el uso y la comercialización de productos que podrían poner en grave peligro la salud humana y el medioambiente, así como las normas internacionales que regulan los productos fitosanitarios. Además, AgroPages supo por medio del Senasa que Argentina prohibirá los productos de formulación basados en 2,4-D butil éster o isobutilo a corto plazo.

 

 

Brasil y Argentina han hecho algunos movimientos en cultivos menores. Brasil es un importante productor de gran cantidad de cultivos comerciales, además de maíz y otros cultivos alimentarios. Sin embargo, algunos cultivos menores están enfrentando dificultades con respecto al uso de agroquímicos. En diciembre pasado, la Anvisa anunció un acuerdo de cooperación técnico-científica con Canadá y Estados Unidos para evaluar los productos existentes y estimular el desarrollo de nuevos agroquímicos para su uso en cultivos menores: cultivos de menor interés económico, como frutas y verduras. El principal objetivo de este acuerdo es el intercambio de experiencias entre los países para desarrollar estrategias que permitan resolver los problemas que se enfrentan en este sector. 
 

La Anvisa explicó que esta cooperación es importante, porque en Brasil, Canadá, Estados Unidos y otros países, las empresas se muestran reacias a invertir en estudios que sirvan para generar datos relativos al registro de agroquímicos para estos cultivos. Esto se debe al hecho de que el proceso de registro para este tipo de producto es extenso y costoso.
 

En Argentina, el Senasa ha ampliado la lista de agroquímicos que pueden aplicarse en «cultivos menores». La Resolución 829/2018 establece la extensión del uso de productos ya registrados para el control de plagas en cultivos de menor interés económico, como las frutas y verduras. 
 

El objetivo de esta expansión, según el Senasa, es reducir los problemas que enfrentan los productores, que a menudo no pueden encontrar productos fitosanitarios autorizados y deben usar agroquímicos destinados a otros cultivos o incluso productos químicos ilegales.